La Agencia Estatal de Investigación publicó el 8 de septiembre la resolución de concesión de las ayudas Torres Quevedo 2025 y, dos días después, la propuesta de concesión para otras dos solicitudes que se encontraban en reserva. Con ello queda prácticamente cerrada una convocatoria que comenzó el 29 de octubre de 2025. Y llega justo a tiempo: la convocatoria 2026 abre el 8 de octubre y cierra el 29.
Como ya hice con Innterconecta-STEP, he revisado todos los documentos publicados por la AEI a lo largo del procedimiento —requerimientos, exclusiones, propuestas provisional y definitiva y resolución final— para extraer la información que realmente puede ayudar a una empresa que esté valorando presentarse: cómo son las ayudas que se conceden, qué tipo de entidades las obtienen, cuánto dura el proceso y, sobre todo, por qué algunas solicitudes se quedan fuera.
Las cifras de la concesión
La resolución concede 199 contratos Torres Quevedo a 166 entidades, por un importe total de 19.003.852 €, distribuido en tres anualidades (2027, 2028 y 2029). Si se confirman las dos solicitudes de reserva propuestas el 10 de septiembre, la cifra ascenderá a 201 contratos y 19,23 M€, lo que supondría ejecutar alrededor del 96 % del presupuesto de 20,1 M€ de la convocatoria.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Contratos concedidos | 199 (+2 propuestas desde reserva) |
| Entidades beneficiarias | 166 |
| Ayuda total (3 años) | 19,0 M€ |
| Coste medio de contratación por contrato | 54.676 € / año |
| Ayuda media por contrato | 31.832 € / año · 95.497 € en 3 años |
| Intensidad media de ayuda (ponderada) | 58 % |
| Contratos con la intensidad máxima del 70 % | 102 (51 %) |
La lectura rápida es clara: el contrato tipo financiado corresponde a una pequeña empresa que incorpora a un doctor o doctora para desarrollar un proyecto de investigación industrial, con un coste de contratación de unos 55.000 € anuales y una ayuda cercana a los 32.000 € al año. La mitad de los contratos alcanza la intensidad máxima del 70 %, reservada a pequeñas empresas en proyectos de investigación industrial.
Quién obtiene las ayudas
Torres Quevedo es, en la práctica, un programa claramente orientado a las pequeñas empresas. Cuatro de cada cinco contratos concedidos corresponden a pequeñas empresas, que además concentran una proporción todavía mayor de la ayuda debido a sus mayores intensidades de financiación.
De los 199 contratos, 159 corresponden a pequeñas empresas (15,85 M€), 22 a grandes empresas (1,66 M€), 11 a medianas empresas (1,02 M€) y 7 a centros tecnológicos (0,47 M€).
La gran empresa no está excluida, pero accede a intensidades considerablemente menores —un 40 % de media— y a una ayuda media por contrato de unos 75.000 € durante los tres años, frente a casi 100.000 € en el caso de las pequeñas empresas. La presencia de los centros tecnológicos es reducida: siete contratos, con una intensidad del 50 %.
Por tipo de proyecto, el predominio de la investigación industrial es muy claro: 165 contratos (83 %), frente a 25 de desarrollo experimental (13 %) y 9 estudios de viabilidad (4 %).
No parece casual. Las intensidades máximas para investigación industrial —70 %, 60 % y 50 % según el tamaño de la empresa— son muy superiores a las del desarrollo experimental —45 %, 35 % y 25 %—. La diferencia también se refleja en la intensidad media ponderada: 61 % en investigación industrial frente a 37 % en desarrollo experimental.
Por tanto, encuadrar el proyecto como investigación industrial, siempre que su contenido técnico lo justifique, puede cambiar sustancialmente el nivel de financiación.
Hay otro dato interesante sobre el uso que hacen del programa las empresas más activas: 25 entidades obtienen dos o tres contratos en la misma convocatoria, y ocho de ellas llegan a tres. Entre estas últimas destacan especialmente empresas de biotecnología y farma, junto con compañías de consultoría científica y software.
Torres Quevedo permite presentar varias solicitudes siempre que los proyectos sean claramente distintos, y algunas empresas utilizan esta posibilidad para reforzar de forma significativa sus equipos de I+D en una única convocatoria.
De la propuesta provisional a la concesión: qué ocurre entre mayo y septiembre
La propuesta de resolución provisional del 13 de mayo seleccionaba 211 solicitudes y dejaba otras 25 en reserva. La concesión final incluye 199 contratos, más las dos solicitudes de reserva propuestas posteriormente.
En otras palabras, 30 solicitudes seleccionadas inicialmente en mayo no llegaron a la concesión, y sus plazas fueron ocupadas por solicitudes de la lista de reserva.
Aquí aparece uno de los datos más relevantes del procedimiento: 20 de las 25 solicitudes que quedaron en reserva han terminado obteniendo ayuda.
Estar en reserva en Torres Quevedo, por tanto, no equivale necesariamente a quedarse fuera. En esta convocatoria, cuatro de cada cinco solicitudes en esa situación han acabado entrando, aunque con algunos meses de retraso. La explicación está en el número de renuncias y desistimientos que se producen entre la propuesta provisional y la resolución definitiva.
Por qué se quedan fuera las solicitudes
A lo largo del procedimiento, la AEI publicó tres resoluciones de solicitudes excluidas o desistidas, que afectan en total a 47 solicitudes. Los motivos, agrupados, permiten extraer algunas conclusiones muy útiles.
Tres destacan especialmente.
La primera causa de caída no es la evaluación técnica, sino la renuncia o el desistimiento de la propia entidad. Casi la mitad de las solicitudes que se quedan fuera lo hacen por esta vía, y buena parte de esas renuncias se producen después de la propuesta provisional, cuando la ayuda está prácticamente concedida.
Detrás puede haber un candidato que ya no está disponible, un cambio de prioridades de la empresa o un contrato que, llegado el momento de formalizarlo, ya no encaja. Presentar una solicitud sin tener razonablemente comprometido al doctor o doctora, o sin haber validado internamente que la contratación se llevará a cabo si llega la ayuda, aumenta considerablemente el riesgo de perder una financiación ya obtenida.
La segunda causa es puramente administrativa y, en gran medida, se puede prevenir.
Diez solicitudes quedaron fuera por no acreditar el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores exigido por el artículo 13.3 bis de la Ley General de Subvenciones para ayudas superiores a 30.000 €.
Esta acreditación debe realizarse en los diez días hábiles posteriores a la propuesta provisional: mediante declaración responsable si la empresa puede presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, o mediante certificado de auditor —o informe de procedimientos acordados— cuando no pueda hacerlo.
Una empresa que llegue a mayo sin saber cuál de estas dos situaciones le corresponde y, en su caso, sin tener localizado un auditor, asume un riesgo real de perder la ayuda por un trámite administrativo.
La tercera cuestión es la condición de empresa en crisis.
En el requerimiento de subsanación de marzo, la AEI señaló 11 solicitudes por una posible situación de empresa en crisis. Tres fueron excluidas expresamente y otras cinco no respondieron al requerimiento y se tuvieron por desistidas.
Es una condición que conviene comprobar antes de presentar la solicitud —fondos propios frente a capital social, posibles procedimientos concursales o ayudas de rescate pendientes, entre otros aspectos— porque, si la empresa incumple este requisito, la calidad del proyecto no puede compensarlo.
En ese mismo requerimiento aparecen también algunos de los defectos formales más frecuentes. El más común es sorprendentemente básico: 14 solicitudes tuvieron que aportar la acreditación del título de doctor incluyendo la fecha exacta de defensa de la tesis.
Le siguen currículos que no correspondían a la persona propuesta, relaciones laborales previas del candidato con la entidad durante el periodo de exclusión y dudas sobre si el candidato tenía capacidad de control sobre el capital de la empresa.
Son incidencias que pueden subsanarse, pero también pueden evitarse con una revisión documental adecuada antes de presentar.
Un último apunte sobre las solicitudes múltiples. La AEI advirtió a seis solicitudes de varias entidades porque los proyectos presentados no eran claramente distintos entre sí. Dos fueron finalmente excluidas. Tres de las restantes justificaron la sustantividad de cada proyecto durante el trámite de audiencia y acabaron obteniendo la ayuda.
La conclusión es sencilla: si una empresa presenta varias solicitudes, cada proyecto debe poder defenderse por sí mismo, con una memoria y una lógica técnica claramente diferenciadas.
Cuánto dura el proceso
Para planificar la incorporación del doctor o doctora conviene tener claro el calendario real.
El plazo de solicitud de la convocatoria 2025 finalizó el 18 de diciembre de 2025. A partir de esa fecha, la propuesta de resolución provisional tardó aproximadamente cinco meses —13 de mayo—; la propuesta definitiva, seis meses y medio —1 de julio—; y la resolución de concesión, casi nueve meses —8 de septiembre—.
Si añadimos los veinte días hábiles disponibles para formalizar los contratos, la incorporación se produce entre nueve y diez meses después de presentar la solicitud, ya en octubre de 2026.
Es un periodo largo que debe gestionarse bien con el candidato, ya que resulta difícil garantizar su disponibilidad durante tantos meses si no existe un compromiso claro por ambas partes.
Además, durante el procedimiento hay dos momentos que exigen una reacción rápida: el requerimiento de subsanación, que llegó aproximadamente a los tres meses y concedía diez días hábiles para responder, y la propuesta provisional, a los cinco meses, que abría otro plazo de diez días hábiles para aceptar la ayuda y acreditar el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores.
Qué implica todo esto para la convocatoria 2026
La convocatoria 2026 abre el 8 de octubre y cierra el 29 de octubre. A la vista de lo ocurrido en 2025, estas son las cuestiones que recomendaría tener resueltas antes de presentar:
- Candidato confirmado y documentación preparada. Doctor o doctora ya comprometido, con el título y la fecha de defensa de la tesis correctamente acreditados, sin relación laboral previa con la entidad o con empresas vinculadas durante el periodo de exclusión y sin capacidad de control sobre el capital de la empresa.
- Situación de empresa en crisis revisada utilizando las últimas cuentas disponibles, y cuentas anuales depositadas y actualizadas en el Registro Mercantil.
- Acreditación de plazos de pago a proveedores preparada. Conviene saber de antemano si la empresa puede acreditar mediante declaración responsable o necesita certificado de auditor y, en este segundo caso, tener localizado al profesional que pueda emitirlo dentro del plazo de diez días hábiles.
- Proyecto encuadrado como investigación industrial cuando técnicamente corresponda. Es la categoría en la que se concentra el 83 % de los contratos y la que permite acceder a las mayores intensidades de ayuda.
- Proyectos claramente diferenciados si se presentan varias solicitudes. Cada uno debe contar con su propia memoria, objetivos y lógica técnica.
- Compromiso interno de formalizar la contratación cuando llegue la concesión. La experiencia de 2025 muestra que las renuncias tardías son una de las principales causas de pérdida de ayudas ya prácticamente concedidas.
Si te puedo echar una mano
En las convocatorias del Plan Estatal de Investigación trabajo en colaboración con Soros Gabinete, gabinete técnico especializado en la gestión de proyectos de I+D+i con el que colaboro como consultora externa.
Desde ahí acompañamos a empresas y centros tecnológicos durante todo el proceso: análisis del encaje del proyecto y del candidato, elaboración de la memoria técnica, preparación de la documentación administrativa —incluida la acreditación de los plazos de pago y la comprobación de la situación de empresa en crisis— y seguimiento posterior una vez concedida la ayuda.
Si estás pensando en presentar una solicitud a Torres Quevedo 2026 y quieres revisar el encaje con tiempo antes del 8 de octubre, puedes escribirme a contacto@alamosinnovacion.com.
Nota: todas las cifras de este artículo están calculadas a partir de los documentos oficiales publicados por la AEI para la convocatoria Torres Quevedo 2025: requerimiento de documentación financiera (27/01/2026), requerimientos de subsanación (13 y 17/03/2026), resoluciones de exclusión y desistimiento (23/04, 01/07 y 21/07/2026), propuestas de resolución provisional (13/05/2026) y definitiva (01/07/2026), resolución de concesión (08/09/2026) y propuesta de concesión a solicitudes de reserva (10/09/2026). La AEI no publica en estos documentos el número total de solicitudes presentadas, por lo que los ratios se refieren a las 236 solicitudes que llegaron a la propuesta provisional. El presupuesto de la convocatoria (20,1 M€) y las fechas de la convocatoria 2026 proceden de la información oficial de la AEI recogida en mi artículo anterior sobre Doctorados Industriales y Torres Quevedo 2026.